Y sabemos que algunas han tenido (y siguen teniendo) apoyo del Estado (ver nuestras denuncias acá, aquí y acá también). Así es imposible que se cumpla la ley.
Les dejamos el artículo de El Mundo.
Invasiones consolidan los barrios verticales de la capital
Feb 22, 2010, 12:09 PM Caracas.
80% de las invasiones a inmuebles urbanos ocurre en el centro de la ciudad. Específicamente las avenidas Baralt, Urdaneta y sectores como la Candelaria y San Bernardino figuran como las más afectadas en estos últimos 10 años. Le siguen otras zonas del Municipio Libertador: Las Acacias, El Recreo, Las Palmas, donde se concentra 20 por ciento de las invasiones. En total, se han contabilizado, según la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (cifra oficial no hay), cerca de 200 edificios tomados por personas que dicen no tener vivienda y que, con el paso del tiempo, han convertido esos inmuebles en barrios verticales.
La ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat prohibe las invasiones u ocupaciones ilegales de terrenos públicos o privados, por parte de personas naturales o jurídicas, en atención a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, el Estado no dará beneficio o garantía alguna a las personas naturales o jurídicas que realicen invasiones u ocupaciones ilegales de tierras, en contravención con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. De hecho, el mismo Presidente de la República, en una de sus alocuciones nacionales, llegó a manifestar que los "invasores perdían el derecho a la vivienda".
Por otro lado, dicen las leyes, que los propietarios de tierras que fueren objeto de invasión u ocupación ilegal en contravención con lo dispuesto en el artículo mencionado líneas arriba, podrán ejercer todas las acciones que establecen las leyes competentes para la reivindicación de su propiedad. 99% de los propietarios afectados, de acuerdo con lo expresado por Roberto Orta Poleo, directivo de Apiur, ha consignado la denuncia ante el Ministerio Público. Pero la cifra de casos resueltos no es nada alentadora.
De allí que todo este articulado sea una especie de letra muerta, pues lo que comenzó como una ocupación ilegal donde se ondeaba el tricolor nacional y se colocaban sábanas para dividir los baños y cocinas y para tapar las ventanas, hoy en día son viviendas consolidadas que cuentan incluso con el suministro formal de los servicios público y en algunos casos hasta con el beneficio de las misiones gubernamentales.
De hecho, hay familias que tiene medidores de luz y de agua y pagan reglamentariamente sus recibos. Cabe destacar que estos reguladores fueron colocados por los órganos competentes, a sabiendas de que esos inmuebles habían sido, o en el peor de los casos, siguen siendo objeto de delito. MABEL SARMIENTO GARMENDIA
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