Falta de recursos pone en riesgo a 4 mil pacientes psiquiátricos
Los 67 centros asistenciales exigen al IVSS que se les aumente el subsidio
DELIA MENESES | EL UNIVERSAL
lunes 12 de diciembre de 2011 12:00 AM
El contrato que tienen 67 residencias socio asistenciales con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) está vencido desde mayo. Mientras tanto los familiares de unos 4 mil pacientes en las áreas de psiquiatría, geriatría, farmacodependencia y enfermedades crónicas han visto como se ha deteriorado la calidad de la atención que reciben sus parientes enfermos.
Desde hace siete meses están esperando el ajuste del precio cama/día que cancela el IVSS por paciente, que no supera los 200 bolívares, así como la renovación del contrato vencido. Pero afirman que el presidente del instituto Carlos Rotondaro no ha querido reunirse con los dueños de las clínicas.
"Esto nos pone en una disyuntiva: o llevarnos a nuestros familiares o asumir ciertos costos de alimentación, lencería y tratamiento que los centros no están en capacidad de cubrir si no se les aumenta el subsidio", explica Carolina Mayorca, del Comité de Familias de la Residencia Socio Asistencial Aranda, ubicada en La Pastora hace 60 años, y que actualmente vela por 125 jóvenes con problemas de trastornos de la conducta por consumo de drogas.
El déficit de dinero impone cada día más restricciones en estas casas. Algunas de las medidas pasan por suprimir la merienda, disminuir las porciones de comida o dejar de suministrar el tratamiento completo a los pacientes. Si se va algún médico o enfermero no están en capacidad de sustituirlo y si se daña algún electrodoméstico no hay dinero para repararlo.
"Esto es grave porque quienes nos beneficiamos de estos centros somos personas de bajos recursos", dice Martha Jaimes, madre de un joven de 25 años que se recupera de su adicción a las drogas en la casa Aranda.
Oscar Velásquez, quien tiene a su hermana en el Centro Psiquiátrico Caracas de San Bernardino (donde atienden a 90 pacientes) recuerda que este problema no es nuevo pues cada año con la inflación la estructura de costos de estas clínicas aumenta y el subsidio no se adapta a la realidad.
A su juicio es necesario una ley específica que regularice la atención de los pacientes psiquiátricos en estas residencias que son de gran utilidad porque ayudan a descongestionar los hospitales.
"En vista de que Rotondaro ha ignorado nuestras solicitudes hacemos un llamado al Vicepresidente de la República para que atienda la problemática", pidió Blanca Ocando, cuyo sobrino está internado en el hogar Santa María, en Los Chorros. Dependiendo del caso, las personas viven meses o años en estas instituciones recibiendo tratamiento.
Jaimes, vecina de Candelaria, ha seguido las mejoras de su hijo desde que ingresó a Aranda hace cuatro meses. "Subió de peso, se sienta a hablar conmigo y es dócil. Pero cuando consumía marihuana y cocaína muchas veces me agredió, se robaba las cosas de la casa, se desaparecía por varios días y yo pensaba que estaba preso o muerto. Lo traje a Aranda a la fuerza con ayuda de los bomberos", relata Jaimes, quien piensa que la atención de jóvenes como su hijo debería ser una prioridad para el Estado. "Ellos pierden todos los valores y se convierten en contaminación para la sociedad. Por eso necesitamos que estas casas se mantengan porque aquí se rehabilitan".
Al hijo de Jaimes le gustaría recibir clases de algún oficio y sobretodo practicar algún deporte, pero son beneficios que el centro no puede costear, de allí que el comité de familiares pide que alguna institución como el Ince o alguna alcaldía firmen una alianza con el centro para prestar estos servicios.
Recientemente, Robert Lespinasse, presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, dijo que la salud mental ha sido siempre la cenicienta y precisó que del presupuesto anual destinado al sector salud, solo 0,5% está dirigido a la atención psiquiátrica.
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